10 de Octubre: Día Mundial de la ¿Salud? Mental

La salud mental es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida de las personas, con sus conflictos y contradicciones. Esto quiere decir que, al margen de que nunca seamos diagnosticados de ningún trastorno mental, el tratamiento, estudio y prevención de los mismos son de vital importancia para todas las personas, tanto como individuos como parte de un colectivo.

La crisis global del sistema socioeconómico, a través de los mecanismos de la deuda y los dictados de la UE, hace que los Estados europeos (entre ellos, el Estado español) procedan a liquidar todas las conquistas sociales y laborales del último siglo. Parte de esto es la degradación sistemática de la sanidad pública mediante los famosos recortes, lo cual es condición indispensable y allana el camino a su privatización. Primero provocan el desplome consiente del sistema público, para luego tener la justificación de pasarlo a manos privadas.

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Las privatizaciones del sistema de salud, el copago (repago), la subcontratación de servicios, y la gestión privada de servicios públicos son completamente contrarios al concepto de Salud Universal por dos motivos. El primero y el más obvio es que hay personas que no pueden costearse los medicamentos o la atención sanitaria (por ejemplo, con el copago, los medicamentos para el cáncer costarían entre 400 y 600 euros al mes), lo cual ocasiona la muerte (o el asesinato) indirecto de un buen número de personas. El segundo es que, aun admitiendo que hubiese algún tipo de ética en que el coste de cada tratamiento corriese a cargo de las personas afectadas, una parte tan importante de la salud de la población como es la prevención de enfermedades y trastornos sólo puede ser planificada y ejecutada de forma estatal, es decir, pública. Esto es así porque se necesita de un programa único de prevención, ejecutado por una sola entidad (para evitar la insana competencia), y que además su objetivo sea llevar a cabo su cometido, no obtener beneficios económicos (lo que en muchos casos crearía un conflicto de intereses).

Si unimos esto al resto de las consecuencias que tienen para las personas la degradación de las condiciones de vida producidas por la política de recortes impuesta por Bruselas, las consecuencias son dramáticas desde el punto de vista del proceso de la Salud Mental. En el Estado español, el suicidio es la primera causa de muerte no natural y los intentos de suicidio se han multiplicado por cuatro desde el comienzo de la crisis. Los antidepresivos y los ansiolíticos son los medicamentos más recetados.

En Madrid, por ejemplo, el cierre de los Centros de Salud Mental ha comenzado ya. El Centro de Navalcarnero fue cerrado, desmantelando los mecanismos de atención y rehabilitación multidisciplinar de los que contaba, y todos sus pacientes fueron trasladados al área de psiquiatría del hospital de Móstoles (propiedad de la empresa CAPIO). Cabe poca duda de que la intención es que el resto de Centros de Salud Mental sigan el mismo camino.

Ante todo esto, no cabe duda de que la gente es cada vez más consciente del problema, y las movilizaciones son cada vez más masivas en diferentes puntos del Estado. Pero las famosas Mareas, pese a la indudable participación popular, no dejan de ser paseos por los centros de las ciudades que, a pesar del indudable entusiasmo de muchas personas, puede verse como no están teniendo una eficacia real a la hora de ejercer presión. Además, las manifestaciones continuas pueden acabar quemando a la gente, que se desanima al ver cómo su participación no tiene el efecto deseado.

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Un amplio sector de esta gente culpa al gobierno central y cree que el Partido Popular es el causante de esta degeneración del tejido social, poniendo sus esperanzas en la vuelta del PSOE o en un gobierno de coalición PSOE-IU que frene esta oleada dado que están “contra los recortes”. Dejando las discusiones ideológicas aparte, los hechos están ahí: la Junta de Andalucía, donde gobierna el PSOE junto con Izquierda Unida, ha aplicado la política de recortes a rajatabla, del mismo modo que el gobierno central lo ha hecho en la totalidad del Estado. Aparte de este hecho, sin duda a tener en cuenta, hay algo mucho más importante: la vía electoral no es una solución.

La reforma constitucional del artículo 135, votada por PSOE, PP y UPN, da prioridad al pago de la deuda y de sus intereses sobre cualquier otra partida de gasto, como puede ser Sanidad, Educación, o cualquier otra. Pero aún hay más: la Ley 2/2012 establece que el gobierno autonómico o local que no ponga en marcha políticas de recorte extremo del gasto social (hasta que sea 0 en 2018), puede ser MULTADO E INTERVENIDO por el gobierno central, suponiendo eso la disolución efectiva del gobierno local en cuestión. Esta Ley viene del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea, establece importantes multas para el Estado que no obedezca a esta misma política de recortes sociales.

Esto hace que en la práctica, la palabra “democracia” se escriba sólo en papel mojado. La vía electoral es un camino sin salida porque, sea cual sea el gobierno (central, autonómico o local) elegido en el transcurso de una votación, estará atado a la política de recortes dictada por Bruselas mediante los mecanismos que hemos visto antes.

¿Qué se puede hacer?

 El derrotismo no es una opción, no cuando tanto está en juego. Cuando las “mareas” y sus grandes manifestaciones no son capaces de ejercer la presión necesaria para que se cumplan sus exigencias y las alternativas electorales son un camino sin salida, sólo queda la organización desde la base. La creación en cada centro de trabajo, de estudios, o de salud, de comités (asambleas, o como se les quiera llamar) que luchen contra los problemas concretos de cada lugar, pero al mismo tiempo coordinados con otros y con una visión a largo plazo de su lucha. Es decir, un comité en un centro de salud que luche contra su cierre o privatización, pero que al mismo tiempo sea consciente de que la solución general pasa por la insumisión a los mecanismos de control europeos, y por negarse a pagar la deuda.

Una deuda que es suya, que nosotros no hemos contraído pero que tenemos que pagar.

Una deuda que nos mata.

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Referencias:

Reforma del artículo 135 de la Constitución Española: http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15210.pdf

Ley Orgánica 2/2012:  http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea: http://www.european-council.europa.eu/media/639250/02_-_tscg.es.12.pdf

  1. me gusta mucho y espero que un día alguien diga basta ya a Bruselas y todos sus chupones que no quieren perder sus prebendas y si nos obligan a vivir peor al resto de individuos que un día creímos en Ellos.

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